El Gobierno pone freno, pero no cierra la puerta
Lo que parecía una opa sin fricción se ha torcido un poco. Este 24 de junio, el Gobierno español ha decidido intervenir en la operación de BBVA sobre Sabadell. No la bloquea, pero sí impone condiciones más estrictas para que salga adelante. ¿El objetivo? Proteger el interés general. Suena amplio, sí, pero la idea es clara: evitar que una fusión de este tamaño deje tiradas a las zonas rurales, a las pymes y a los trabajadores.
Desde Moncloa han dejado claro que la operación puede continuar, pero no a cualquier precio. El mensaje es sencillo: si BBVA quiere quedarse con Sabadell, tendrá que hacerlo con ciertos compromisos. Y eso implica mantener oficinas en lugares donde no hay alternativas, cuidar la financiación a pequeñas empresas y garantizar que el empleo no se recorta de golpe.
BBVA, por su parte, no ha escondido su incomodidad. Su presidente ha respondido que están abiertos a negociar, pero que no aceptarán condiciones que “hagan inviable la operación”. Incluso ha deslizado que, si las exigencias son excesivas, podrían retirar la oferta o acudir a los tribunales. No es un farol, es una advertencia. La batalla no ha hecho más que empezar.
El crédito, las oficinas y los despidos, en el centro del debate
El foco de las condiciones está en tres frentes. Por un lado, se quiere evitar el cierre masivo de oficinas, sobre todo en municipios pequeños donde Sabadell tiene una fuerte presencia. La preocupación es real: si esas oficinas desaparecen, muchas personas se quedarían sin acceso físico a su banco.
En segundo lugar está el tema del crédito. El Gobierno quiere garantías de que BBVA mantendrá el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, que en muchas regiones dependen del Sabadell como única vía de financiación. Es un punto delicado, porque afecta directamente al tejido productivo de zonas enteras, especialmente en Cataluña y el arco mediterráneo.
Y por último, el empleo. La fusión, tal y como está planteada, podría derivar en recortes de plantilla. Desde el Ejecutivo quieren que ese ajuste, si llega, se haga de forma progresiva y pactada, sin despidos masivos ni cierres abruptos.
Esta intervención marca un punto de inflexión. Hasta ahora, las fusiones bancarias en España se habían movido sin demasiadas interferencias políticas. Pero aquí hay algo más: un Gobierno que quiere marcar músculo regulador en pleno año económico complicado. Y una operación que, aunque es privada, tiene consecuencias públicas.
Mientras tanto, la CNMV ya prepara la suspensión temporal de la cotización del BBVA y del Sabadell para evitar movimientos bruscos antes de la resolución final. También se espera que el Banco de España revise los plazos actuales del proceso, porque ya hay quien considera que se está alargando demasiado.
Todo esto tiene una lectura clara: el Estado no quiere quedarse fuera de una de las mayores operaciones corporativas del año. Y aunque no lo diga así de directo, está dejando claro que el interés financiero no puede pasar por encima del impacto social.
BBVA ahora tiene que decidir si le compensa seguir adelante con condiciones. Y Sabadell, por su parte, debe valorar si la opa sigue siendo atractiva para sus accionistas bajo este nuevo escenario.
No es solo una cuestión de estrategia bancaria. Lo que está en juego también es la manera en que España afronta su mapa financiero del futuro. Una fusión así no solo cambia balances. Cambia la forma en la que accedemos al dinero, al crédito y a la atención bancaria.
Y eso, queramos o no, nos afecta a todos.
